BUENOS AIRES – Martín Rapetti, cuarta generación de productores agropecuarios en la provincia de Corrientes, en el noreste de la Argentina, ya perdió más de 30 vacas por falta de alimento y agua, debido a la larga sequía que castiga gran parte del territorio del país. “No hay pasto; los animales tienen que meter los dientes en la tierra seca”, cuenta con resignación.

Este fenómeno climático extremo, que según los expertos será cada vez más común, es mucho más que una amenaza de cara a un futuro impreciso y ya representa un daño concreto: le hará perder este año a Argentina, potencia mundial en la producción de alimentos, miles de millones de dólares en exportaciones y profundizará su crisis económica.

“La acumulación de tres años con escasez de lluvias hace que la situación sea cada vez peor. Los arroyos y los ríos se nos han quedado sin agua y ahora se nos están secando también las napas subterráneas”, relató Rapetti a IPS desde la localidad de Curuzú Cuatía.

“Las vacas están en muy mala condición corporal. Y están sufriendo las producciones de granos, de cítricos, de hortalizas… De las 300 hectáreas que tenemos de capacidad en arroz, pudimos sembrar solo 35 por falta de agua”, agregó este mediano productor agropecuario.

Las consecuencias van mucho más allá de las zonas rurales porque este país sudamericano, que afronta una delicada situación económica, con una inflación disparada hasta casi 100 % anual y 40 % de su población viviendo en la pobreza, depende fuertemente del campo para conseguir divisas y sostener el valor de su devaluada moneda.

“Tenemos que avanzar también con acciones que vayan más allá de la inmediatez y que incorporen una perspectiva climática. Necesitamos también respuestas políticas que fortalezcan nuestras capacidades, que promuevan la innovación y, en definitiva, que impulsen el desarrollo sostenible”: Cecilia Nicolini.

Durante el primer semestre de 2022, el último dato oficial, 57,6 % de sus exportaciones nacionales proviene de la producción de los principales granos (soja, maíz, trigo, girasol y cebada) y de la ganadería bovina (carne, cueros y lácteos).

Así, la sequía hará que dejen de ingresar en 2023 cerca de 8000 millones de dólares en ventas al exterior y esto generará un fuerte perjuicio directo a las arcas estatales, que dejarán de percibir más de 1000 millones de dólares en impuestos a las exportaciones de soja, maíz y trigo, los tres cultivos que ocupan la mayor superficie.

Las cifras las reveló el 17 de enero la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad de referencia en la economía agropecuaria argentina.

Este país sudamericano, de 46,2 millones de habitantes, depende en gran medida del campo para sostener su economía. Argentina es el tercer productor mundial de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil, y el segundo productor de carne vacuna, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Solo la soja, que es la actual reina de las exportaciones argentinas, generó ventas por 12 113 millones de dólares, (27,3 % de las exportaciones totales), según el organismo oficial de estadísticas. Ello incluye al grano y sus aceites y harinas.

Una viña que sufre las consecuencias de la falta de agua, en la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina. Esa zona del país, donde los cultivos crecen con riego, está sufriendo las consecuencias de los bajos niveles en los embalses. Foto: Coninagro

¿Cómo prepararse?

A causa del cambio climático, los eventos extremos como las sequías o las inundaciones van a darse cada vez con mayor frecuencia e intensidad, advirtió a IPS la secretaria nacional de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

“Pero estas problemáticas no son escenarios a los que tengamos que acostumbrarnos ni resignarnos. Necesitamos adaptarnos a sus efectos y transformar nuestros sectores productivos para que sean más resilientes, mientras reducimos sus emisiones de gases de efecto invernadero”, añadió.

Argentina presentó en noviembre su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Es un documento de más de 400 páginas, que, entre otras medidas, propone gestionar los riesgos climáticos agroforestales (a partir de inversiones en infraestructura o promoviendo seguros para pequeños productores), impulsar la eficiencia hídrica en industrias y fortalecer la red de monitoreo meteorológico.

“Tenemos que avanzar también con acciones que vayan más allá de la inmediatez y que incorporen una perspectiva climática. Necesitamos también respuestas políticas que fortalezcan nuestras capacidades, que promuevan la innovación y, en definitiva, que impulsen el desarrollo sostenible”, reconoció la funcionaria.

Tal vez el punto más delicado de toda esta historia es que la propia Nicolini cuantificó en 185.000 millones de dólares el financiamiento que el país necesita hasta 2030 para implementar el plan.

Es cuatro veces más que el préstamo record que en 2018 le dio a Argentina el Fondo Monetario Internacional y que desde entonces es una deuda que ha estrangulado el crecimiento económico. Nadie sabe de dónde va a salir ese financiamiento, que Argentina reclamó a los países desarrollados en la última Conferencia de las Partes (COP27) sobre Cambio Climático, celebrada en noviembre en Egipto.

Vacas y terneros se juntan en busca de alimentos en el departamento de Curuzú Cuatiá, en la provincia argentina de Corrientes. La sequía ya lleva tres años y en 2022 fue la principal causa de incendios forestales, que afectaron más de 800 000 hectáreas esa provincia nororiental. Foto: CRA

Ayuda económica

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió el jueves 20 a la Mesa de Enlace, que agrupa a las principales cámaras empresarias agropecuarias, y prometió estudiar un paquete de medidas de alivio económico y anunciarlo el 1 de febrero.

De todas maneras, advirtió sobre los límites que enfrenta el gobierno para dar respuestas: “A lo mejor hay soluciones que se nos escapan. La Argentina no es un país con grandes capacidades para intervención del Estado, por razones que ya conocemos: endeudamiento y dificultades de acceso a los mercados».

Más allá de la difícil situación coyuntural, hoy los propios productores agropecuarios saben que se necesitarán estrategias de fondo para hacer frente a fenómenos extremos que llegaron para quedarse.

Mario Raiteri, mediano productor de papa, carne, trigo, maíz soja y girasol en la localidad de Mechongué, 460 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuenta a IPS que se crió escuchando a su abuelo hablar de grandes inundaciones en la década de 1940 y fulminantes sequías en la década de 1950, pero que él nunca había vivido un fenómeno como el de los últimos tres años.

“Mi mayor preocupación es si esto es solo de ocurrencia ocasional o si realmente empieza a haber una repetición más seguida de estos hechos”, dijo.

“En el segundo caso necesitamos que los organismos científicos nos den nuevas tecnologías diseñadas para adaptarnos El conocimiento va a jugar un papel muy importante, más allá  de otras cuestiones necesarias, como un seguro agrícola integral para la agricultura familiar, porque los productores chicos son los que más van a sufrir”, señaló.

El 54,48 % de la superficie argentina ha sido afectada por el estrés hídrico, de acuerdo al Sistema de Información sobre Sequias para el Sur de Sudamérica (SISSA), institución creada por gobiernos y organizaciones para aportar información y reducir la vulnerabilidad a este tipo de fenómenos.

Sin embargo, para el hidrólogo Juan Borus, subgerente de Sistemas de Información del Instituto Nacional del Agua (INA), en los últimos tres años “no hay un solo centímetro cuadrado del territorio que no haya enfrentado escasez”.

Borus advierte a IPS que el país está hoy plagado de ríos secos, lagunas que se redujeron y desaparecieron y que la situación no tiene visos de mejora para lo que resta del verano y para el otoño austral.

El especialista alerta también sobre el impacto en cuestiones que se han difundido menos que la producción agropecuaria. Una es la generación de energía eléctrica por falta de agua en las represas, en un país que se ha comprometido a aumentar su generación hidráulica como parte de sus objetivos de mitigación del cambio climático.

Otra es la cuestión del agua potable.

“Las ciudades grandes, que están a las veras de los ríos, deben invertir más dinero en bombeo y en potabilización del agua, porque con niveles más bajos del cauce es mayor la cantidad de contaminantes y sedimentos. Y las localidades chicas, que toman agua de perforaciones, deben lidiar con la depresión de las napas”, dijo Borus.

La crisis, para Borus, presenta una gran oportunidad: “Es el momento de que quienes viven en la parte húmeda del país tomen conciencia de la necesidad de cuidar el agua potable”.

ED: EG
Daniel Gutman
Foto: Confederaciones Rurales Argentinas
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