Abolir el Ministerio del Trabajo, una de las decisiones anunciadas por el presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, explicita los rumbos de su gobierno en el intento de ajustar Brasil a las tendencias actuales del capitalismo, aun con propuestas regresivas.

Refleja la devaluación del trabajo por tecnologías que eliminan trabajadores o los atomizan, tanto en la industria como en la agricultura en todo el mundo, y que se acentuó con la llamada cuarta revolución industrial, además de la globalización comercial.

En la formación del nuevo gobierno brasileño, que se pretende tenga entre 15 y 17 ministros, contra los 29 actuales, lo más fácil es sacrificar el del Trabajo.

Bolsonaro ya tuvo que retroceder en la anunciada extinción del Ministerio de Medio Ambiente, cuyas funciones serian incorporadas a la cartera de Agricultura.

Se rindió a las presiones de ambientalistas y principalmente de las grandes empresas agrícolas, temerosas de perder exportaciones, ante la reacción de mercados que rechazan productos vinculados, por ejemplo, a la deforestación.

La fuerza creciente que tienen temas ambientales, en contraste con los laborales y sindicales, forzó también otra marcha atrás. Brasil no dejará el Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, prometió Bolsonaro, días después de amenazar con la salida, como ya hizo el presidente estadounidense Donald Trump.

La composición del gobierno que tomará posesión el 1 de enero avanza por un camino de anuncios encontrados, desnudando la acción improvisada de protagonistas que no tienen experiencia anterior en la gestión pública, como el mismo Bolsonaro y el designado como superministro de Economía, Paulo Guedes.

Se trata también de aclarar orientaciones y políticas que no fueron debatidas durante la campaña electoral, en que predominaron ataques personales, en busca de la llamada “desconstrucción” del adversario.

Bolsonaro, cuya historia de agresividad alimentó brotes de violencia por parte de sus adeptos y el miedo a que la democracia esté amenazada, moderó su discurso tras su triunfo en los comicios del 28 de octubre, prometiendo cumplir la Constitución como “único norte” y “gobernar para todos”.

Ese proceso de idas y venidas matizó la euforia del mercado financiero, ante el ascenso de la extrema derecha y permite vislumbrar que corrientes asumen de hecho el poder en la coalición informal, diversa y a veces contradictoria que sustenta a Bolsonaro.

Se trata de una amalgama de grupos militares, religiosos, empresarios, el llamado agronegocio y las clases medias.

Privatizar todo lo que sea posible, reducir el tamaño del Estado, liberar las empresas de trabas tributarias, ambientales y del derecho laboral son las políticas anunciadas por Guedes, economista posgraduado en la Universidad Chicago donde adhirió a la corriente “monetarista” de Milton Friedman (1912-2006), inspirador del llamado neoliberalismo.

El rechazo a esa política económica, parcialmente adoptada en los años 90, había sido decisivo en las elecciones presidenciales de 2002 a 2014, cuando triunfaron candidatos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), estatistas y duros críticos del neoliberalismo.

La popularidad del PT, basada en programas sociales y desarrollistas, se derrumbó ante los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel varios de sus dirigentes, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y la recesión económica atribuida a su sucesora Dilma Rousseff, destituida por el legislativo Congreso bicameral en agosto de 2016.

Ahora, por alternancia, le toca el turno a los neoliberales en este país de 208 millones de habitantes, con una expresión mucho más radical que la de los gobernantes moderados de los años 90.

Atacar al PT, como responsable de “la peor crisis económica” y de la corrupción que pudrió todo el sistema político brasileño, fue un arma decisiva de Bolsonaro, un gris diputado desde hace 27 años, cuya repentina popularidad arrastró al poder decenas de diputados y varios gobernadores de estado, hasta ahora desconocidos para los brasileños.

Su base electoral incluye sectores que discrepan del liberalismo económico, como militares nacionalistas y personas en situación de pobreza, dependientes de programas estatales. El mismo Bolsonaro, en su pasado de diputado nacionalista, votó contra las privatizaciones y la apertura comercial.

Su acercamiento al protestantismo, especialmente las iglesias pentecostales, en una de las cuales se hizo bautizar espectacularmente en el río Jordán, en Israel, en 2016, le permitió articular con cierta coherencia el apoyo de distintos sectores y corrientes en una idea de impulsar el reinicio del capitalismo brasileño.

Es curioso oír a sus adeptos que su lucha es contra el comunismo, identificándolo en los gobiernos del PT e incluso el anterior, encabezado por el centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, acusado de neoliberal por los petistas.

Los pentecostales, más conocidos como evangélicos en Brasil, aglutinan confesiones a las que adhieren más de 30 por ciento de los brasileños y aumentan rápidamente en desmedro de los católicos, según encuestas especializadas.

Especialmente los llamados neopentecostales practican una agresiva formación de nuevos emprendedores, en una prédica por un esfuerzo individual de enriquecimiento. Es la “teología de la prosperidad”, según la periodista francomarroquí Lamia Oualalou en su libro “Jesús te ama”, un reportaje sobre la expansión religiosa y política de esas iglesias.

No se puede olvidar el papel de la religión en países más desarrollados, constatado por el sociólogo Max Weber en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, hace poco más de un siglo.

Los evangélicos representaron así una catapulta para la candidatura que Bolsonaro construyó desde 2014, no solo por su apoyo masivo en las calles, redes sociales de comunicación y templos, sino porque canalizaron hacia él 70 por ciento de sus votos.

Además sirvieron para promover la convergencia de distintos sectores, divididos por intereses dispares, en el respaldo activo al excapitán del Ejército.

Es lo que permitió neutralizar resistencias, generadas principalmente por las violentas declaraciones de Bolsonaro como diputado y candidato presidencial contra principios democráticos, las mujeres, negros, indígenas o la comunidad homosexual.

Otro superministro ya designado parece confirmar el discurso con que Bolsonaro trató de afirmarse como el más decidido combatiente de la corrupción y de la criminalidad, prometiendo su dura represión y la entrega de armas a la población.

El ministro de Justicia, que incorporará la seguridad pública a sus tareas, será el juez Sergio Moro, famoso por coordinar desde 2014 los procesos que enjuiciaron centenares de políticos, encarcelando decenas, incluyendo al expresidente Lula,  por corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Es una apuesta que fortalece el nuevo gobierno, por lo menos en su inicio, aunque amplió las dudas sobre la imparcialidad del juez, en los procesos contra Lula, ya que apuró las investigaciones y el juicio que condenó el exmandatario y lo confinó en la cárcel desde abril, impidiendo su candidatura presidencial, hasta entonces la favorita según las encuestas.

La extrema derecha victoriosa en Brasil se distingue de otras que se extienden por el mundo por su repentino ascenso y la falta de organicidad, además de carecer de un partido fuerte, y por eso depende del éxito de su gobierno para consolidarse. Bolsonaro solo se afilió al Partido Social Liberal en mayo de 2018 para poder postularse, el octavo por el que ha transitado durante su carrera.

Su “populismo de derecha” es usual en países de sociedades más homogéneas, no en un país de tanta desigualdad como Brasil, más propicio a populismos de izquierda, destacó Anna Grzymala-Busse, profesora de política en la estadounidense Universidad de Stanford, en una entrevista al diario Folha de São Paulo el 29 de octubre.

Mario Osava/IPS Noticias