LIMA – América Latina y el Caribe ha dejado de ser una región joven y su futuro es el de ser una de las regiones con mayor población envejecida en 2050, lo que supone para sus países grandes desafíos ante las desigualdades sociales que enfrenta, pero también oportunidades para superarlas.

“Se estima que actualmente en la región un 8,1 % de la población  es mayor a los 65 años, y que este porcentaje aumentará a un 17 % en 2050, más que el promedio global”, indicó Sabrina Juran, asesora técnica regional en Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En 2022 la región contaba con 658 millones de personas, de los cuales unos 52 millones eran adultas mayores, colocando a los países grandes desafíos en materia de trabajo, salud y pensiones, en un contexto en que organismos internacionales han previsto que se profundizará la desaceleración económica de la región para el 2023.

“Yo tengo 65 años y para los empleadores a los 35 ya era muy vieja para trabajar y no pude reinsertarme como enfermera técnica”, dice Nelly García, peruana migrante en la capital Lima, a donde llegó con sus padres cuando tenía 10 años desde su natal Huancayo, ciudad del centro andino del país.

Esta peruana sintetiza la realidad de los problemas laborales y asistenciales que tienen muchas personas adultas mayores en América Latina, más en el caso de las mujeres cuyo ejercicio de la maternidad y del cuidado las obstaculiza oportunidades laborales desde una edad temprana.

“Imagínese a esta edad pues, qué oportunidad de seguro, de pensiones podemos tener personas como yo o mayores todavía y con trabajo informal”,  expresó a IPS con una amargura que aumentó al reflexionar que «si el Estado no se preocupa por la niñez, menos por nosotros, dirán ‘estos viejos ya que se mueran porque no sirven’».

García reside en Breña, uno de los 43 del departamento de Lima. Su distrito cuenta con 75 000 habitantes y es considerada de sectores medios y bajos. Desde hace 30 años en que fue rechazada en los hospitales donde buscó empleo, se dedica a la venta de flores.

Ella había hecho un alto en su desempeño como enfermera técnica para dedicarse a sus cuatro hijos, tres mujeres y un hombre, que estaban pequeños. Cuando buscó retomar su profesión, las puertas de los hospitales se le cerraron. “Yo ya estaba vieja con 35 años”, repitió varias veces.

Cuenta con seguro social de salud por parte de su esposo, que está por jubilarse de una empresa importadora de libros. “Pero su pensión no llegará ni a 200 soles (52 dólares), eso no alcanzará ni para pagar la luz”, lamentó.

Perú, un país sudamericano con 33 millones de habitantes, enfrenta una grave situación de crisis económica, política y social, con niveles de pobreza que se acentuaron durante la pandemia a 30% como promedio nacional, pero registrando índices mayores en zonas rurales con 45%.

Su población mayor de 60 años supera los cuatro millones según cifras oficiales, de los cuales solo la tercera parte,  35 %, se encontraba afiliada a un sistema de pensión mientras que 89 % accede al seguro de salud. Sin embargo cobertura y calidad no van de la mano.

“Yo trato de ahorrar por mi cuenta para cuando sea más vieja, aunque la verdad no creo que llegue a los 75 años, porque en mi familia padecemos del corazón. Pero al seguro no vuelvo”, dijo García tajante.

Y recuerda su experiencia: “Es un calvario, hay que ir en la madrugada al hospital a sacar cita, te ordenen análisis para varios meses después y ni qué decir de cuándo te den los resultados. Si paso por lo mismo ahora seguro me muero antes de que me llamen, así que cuando sea mi hora espero irme tranquila”.

García se refiere al Seguro Social de Salud, sistema público al que está afiliado el 35% de las personas mayores de 60 años y que es permanentemente criticado por su déficit de instalaciones, personal médico y calidad de atención.

Un grupo de mujeres peruanas durante un acto a favor de las personas mayores de la municipalidad de Lima. América Latina y el Caribe avanza hacia ser una de las regiones con mayor población envejecida para 2050 debido a los avances en la medicina y a la disminución de tasa de fecundidad. La esperanza de vida al nacer era de 72 años en el 2022. Foto: Wálter Hupiú / IPS

Un camino irreversible

El 12 de enero la División para el Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Desa) de las Naciones Unidas presentó el Informe Social Mundial sobre el cambio demográfico que ratifica la tendencia global de que la población mayor de 65 años crece más rápido que las menores de esa edad, y vive más tiempo.

La mayor esperanza de vida al nacer debido al avance de la medicina y la disminución de la tasa de fecundidad que se si sitúa en 2.1 de nacimientos por mujer son factores que contribuyen a esta tendencia.

Sabrina Juran, de UNFPA, dijo a IPS desde Ciudad de Panamá, su sede regional, que en América Latina la tasa de fecundidad es de 1,85, menor a la mundial. Y que la de su crecimiento de población está por debajo de 0,67 % anuales, también inferior a la global.

Detalló que según las últimas proyecciones de Naciones Unidas, en la región habría  alrededor de 695,5 millones de habitantes en 2030 con un pico de 751,9 a mediados del 2050, a partir de lo cual la población disminuiría constantemente hasta alcanzar un nivel de 649,2 millones en 2100.

Sabrina Juran, asesora técnica regional en Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en la sede del organismo en Panamá. Apenas en 2050, 17 % de la población regional tendrá más de 65 años, anticipó. Foto: UNFPA LAC

Juran explicó que se prevé que las nuevas reducciones de la mortalidad den lugar a una longevidad media mundial de unos 77,2 años en 2050 y de 80,6 años a nivel regional. La esperanza de vida al nacer en América Latina y el Caribe fue de 72,2 años en el 2022, tres menos que la registrada en el 2019, debido al impacto de la pandemia de covid-19.

Este escenario demanda a los Estados de la región poner el foco en la atención de las mayores demandas de salud, empleo, vivienda, pensiones.

Para Juran, el crecimiento de la población en edad de trabajar -era de 38,7 % en 1990 y es de 51 % en la actualidad- puede contribuir a impulsar el crecimiento económico por habitante, conocido como el «dividendo demográfico», que ofrece maximizar los beneficios potenciales de una distribución por edades favorable.

“Pero este aumento de la población en edad de trabajar no se mantendrá constante, en 2040 alcanzará su máximo, con 53,8 %, y después decrecerá, lo cual significa que hay una ventana de oportunidad a aprovechar”, manifestó.

La región soporta profundas desigualdades al punto que según difundió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 18 de enero, 22,5 % de su población, es decir, al menos 131,3 millones de personas, carece de recursos para tener una dieta saludable.

“Los países deben invertir en el desarrollo de su capital humano garantizando el acceso a la atención sanitaria, a una educación de calidad a todas las edades y promoviendo las oportunidades de empleo productivo y trabajo decente”, remarcó Juran.

Agregó que deben tomar medidas para adaptar los programas públicos al creciente número de personas mayores, estableciendo sistemas universales de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración, y mejorando la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones.

“En UNFPA abogamos por medir y anticipar los cambios demográficos para estar mejor preparados frente las consecuencias que surgen”, remarcó su asesora regional.

Añadió que el compromiso es “con un mundo donde las personas tienen el poder de tomar decisiones informadas sobre si tener hijos y cuándo, ejercer sus derechos y responsabilidades, sortear los riesgos y convertirse en la base de sociedades más inclusivas, adaptables y sostenibles”..

Lograr esta resiliencia demográfica, puntualizó, comienza con el compromiso de contar no solo el número de personas, sino también las oportunidades de progreso y las barreras que se interponen en su camino, lo cual exige transformar las normas discriminatorias que frenan a los individuos y las sociedades.

ED: EG
Mariela Jara
Foto: Mariela Jara / IPS
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