Trabajadores de Codelco en Chile llamaron a una huelga nacional en junio de 2022 tras el anuncio del cierre de una planta de fundición de cobre en Las Ventanas. Esta ciudad del centro del país es conocida como una de las ‘zonas de sacrificio’ de Chile, áreas próximas a industrias contaminantes o que degradan el medioambiente. Foto: Claudio Abarca Sandoval / Alamy

BUENOS AIRES – En Chile, la empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, anunció el año pasado el cierre de una planta de fundición, Ventanas, ubicada en una de las zonas más contaminadas del país: Quintero, en la región central de Valparaíso. La decisión se tomó luego de un nuevo episodio de contaminación del aire que afectó a cientos de personas y obligó a cerrar escuelas. El presidente Gabriel Boric dijo sentir “vergüenza”.

El anuncio generó una reacción inmediata de los trabajadores de Ventanas, quienes convocaron a un paro por no haber sido consultados acerca del cierre, el cual aseguraron provocaría la pérdida de puestos de trabajo locales. Finalmente, luego de días de tensión, acordaron finalizar las protestas ante el compromiso del gobierno de medidas de apoyo para los trabajadores que pierdan sus empleos.

Lo ocurrido en Chile se repite en diferentes partes de América Latina. La transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero está obligando a industrias contaminantes a transformarse. Pero la manera en la que se realice ese cambio es igual de importante que su velocidad, ya que sino se corre el riesgo de incrementar desigualdades, aseguran los expertos.

El concepto de transición justa es impulsado por sindicatos y organizaciones ambientales como una herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía baja en emisiones se produzca de forma justa para todos. Si bien existe hace décadas, el concepto cobró mayor fuerza en los últimos años ante los rápidos cambios que debe realizar la economía a partir de la crisis climática.

“El concepto está entrando con fuerza”, sostiene Javiera Lecourt, coordinadora del proyecto Transición Justa en América Latina, quien analizó el significado del concepto en la región. “La transición no es el fin, es el cómo. Es cambiar culturas de trabajo y formas de desarrollo muy arraigadas. No va a pasar de un día para el otro. Hay gente que se desarrolló en actividades extractivas y no sabe hacer otra cosa», añade.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición justa significa “volver verde la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Aunque esto da una idea general, la definición varía entre países y sectores, cada uno incorporando su punto de vista.

Así, para la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que reúne a 48 organizaciones de trabajadores en 21 países de la región, la transición justa significa cambiar el modelo de producción y consumo. “Tiene que haber una discusión de fondo de la que tienen que formar parte los trabajadores”, sostienen voceros de la organización. “La transición justa es una transición de modelo”.

El origen de la transición justa

Sindicatos de Estados Unidos introdujeron el concepto de transición justa en la década de 1980. Al principio, lo entendían solamente como un programa de apoyo a trabajadores que perdían su empleo por políticas de protección del ambiente. Pero con el tiempo pasó a significar algo mucho más amplio, una transición gradual hacia empleos y economías sostenibles con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

A medida que aumentó la comprensión de la urgencia de la crisis climática, los sindicatos empezaron a vincular la transición justa específicamente a la acción contra el cambio climático. Fue así que empezaron a hacer campaña para incluir el concepto en los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, como con el Acuerdo de Paris del 2015, que busca limitar el calentamiento global.

Tuvieron algo de éxito. En su preámbulo, el acuerdo reconoce “los imperativos de una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Además, el concepto de transición justa está vinculado a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas adoptadas a nivel global en 2015.

En ese mismo año, la OIT también estableció una serie de lineamientos para la transición justa luego de una negociación entre gobiernos, sindicatos y empresas. Allí, se establece que la transición deberá contar con un consenso social sólido, respetando los derechos del trabajo y adecuando las políticas a la realidad de cada país y su economía, entre varios lineamientos.

Pero las organizaciones sociales y ambientales también establecieron sus propios lineamientos. Por ejemplo, para el proyecto Transición Justa en América Latina, se debe fomentar la reconversión de empleos, planificar la diversificación de la matriz energética, compensar a los afectados por la transición e impulsar un diálogo transversal en toda la sociedad acerca de la transición.

“No hay una receta de transición justa. Hay varios espacios que generaron su listado de principios pero es un concepto que tiene que ser ajustado a condiciones locales. Cada lugar necesita de enfoques específicos para su transición justa», afirma Catalina Gonda, coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Abandonar los combustibles fósiles

De todos los sectores económicos en transición, es el energético el que se encuentra atravesando el mayor cambio. La energía representa cerca de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina. El petróleo, gas y carbón son utilizados para la generación de electricidad, el transporte y las industrias, lo que trae un costo ambiental asociado.

La transición energética se refiere a gradualmente dejar de utilizar combustibles fósiles para la producción y consumo de energía y reemplazarlos por fuentes de energía renovable como la eólica y solar. Los expertos lo describen como un cambio enorme pero necesario para poder evitar una mayor suba de la temperatura a nivel global, que ya alcanzó 1.1 grados Celsius desde el comienzo de la Revolución Industrial.

Pero el cambio a las renovables no se puede dar de cualquier manera, coinciden organizaciones sociales y ambientales y sindicatos. Es por ello que piden por una “transición energética justa”. Esto significa no sólo lograr un sistema energético menos contaminante, sino también uno que sea más equitativo y democrático y tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las comunidades.

“El sector energético es uno de los principales responsables de los conflictos ambientales y de las violaciones de derechos de los pueblos y territorios”, sostienen desde Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical de las Américas en un reporte de 2022. Para ello, piden que no se repitan los mismos errores con las energías renovables en su expansión en América Latina.

En México y en Brasil, el desarrollo de proyectos de energía eólica ha generado rechazo de las comunidades rurales en donde se instalaron los proyectos, que sostienen no haber sido consultadas previamente. En Ecuador, la demanda de madera balsa, el principal material para la construcción de las hélices de los molinos eólicos, ha aumentado la presión sobre los bosques en el Amazonas.

El empleo en la transición justa

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden impulsar la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y reducir las desigualdades, sostiene la OIT. América Latina perdió 26 millones de empleos por la pandemia del Covid-19, agravado por problemas preexistentes como la informalidad laboral y la desigualdad.

La descarbonización de la economía de la región podría generar 15 millones de empleos netos, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OIT. Si bien se perderían 7,5 millones de empleos, especialmente en el sector de los combustibles fósiles por el paso a renovables, se generarían 22,5 millones en energía solar y eólica, silvicultura y construcción, entre otros.

Muchos de los trabajadores que perderían sus empleos podrían hacer uso de sus habilidades en nuevas industrias, sostienen los autores del informe. Pero para ello las empresas y gobiernos deberán implementar mecanismos de reconversión laboral y desarrollo de competencias laborales para apoyar a los trabajadores en la transición, agregan.

Esto es especialmente importante para las ciudades y pueblos de América Latina cuyas economías dependen en gran parte de sectores económicos contaminantes como los combustibles fósiles, sostienen investigadores del Stockholm Environment Institute (SEI) en Colombia. Se necesitarán de inversiones, asistencia técnica y un compromiso político que promueva la diversificación de la economía, sostienen.

En Argentina, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de shale gas del mundo, ha generado una migración de miles de personas en búsqueda de empleo. La actividad económica de la provincia gira en torno a Vaca Muerta, tanto los empleos directos como los indirectos.

 

Un niño juega en la playa frente a la tubería de una central termoeléctrica en Las Ventanas. Foto: Pablo Sanhueza / Alamy

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció en la cumbre climática COP27 el pasado noviembre un proceso de diálogo para construir una hoja de ruta para la transición energética justa. Se buscará sustituir las fuentes de energía fósil por renovables en base a un criterio de “equidad, gradualidad y participación social vinculante”, se sostiene en el documento presentado.