NACIONES UNIDAS – Las Naciones Unidas definen los derechos humanos como «derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición».

En 1948, la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario se conmemora este año.

Entre los derechos enunciados figuran el derecho a la vida y a la libertad, a no ser sometido a esclavitud ni tortura, a la libertad de opinión y de expresión, al trabajo y a la educación, y muchos más.  Todo el mundo tiene esos derechos, sin discriminación.

Un nuevo estudio de la Universidad de Birmingham (UoB), en el Reino Unido, propone ahora que internet y el acceso en línea sean declarados un derecho humano básico y autónomo.

“Las personas de todo el mundo dependen tanto del acceso a internet para ejercer sus derechos socioeconómicos, como la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda, que el acceso en línea debe considerarse un derecho humano básico», afirma el estudio publicado a comienzos de abril.

Eso es especialmente importante en los países del Sur en desarrollo, donde el acceso a internet puede marcar la diferencia entre recibir una educación, mantenerse sano, encontrar una vivienda y conseguir un empleo o no.

“Incluso si las personas tienen oportunidades fuera de línea, como acceder a planes de seguridad social o encontrar vivienda, están en desventaja comparativa respecto a quienes tienen acceso a internet”, remarca el estudio de UoB.

Merten Reglitz, profesor de Ética Global en la UoB,  publica sus conclusiones en un informe titulado Politics, Philosophy & Economics (Política, Filosofía y Economía) y aboga por convertir en un derecho humano autónomo al acceso a internet, basado en que es una necesidad práctica para una serie de derechos humanos socioeconómicos.

Pide que las autoridades públicas proporcionen acceso gratuito a internet a quienes no puedan permitírselo, así como formación en competencias digitales básicas para todos los ciudadanos y protección del acceso en línea frente a injerencias arbitrarias de Estados y empresas privadas.

Reglitz declaró al presentar el estudio: «Internet tiene un valor único y fundamental para la realización de muchos de nuestros derechos humanos socioeconómicos: permite a los usuarios presentar solicitudes de empleo, enviar información médica a los profesionales sanitarios, gestionar sus finanzas y negocios, hacer reclamaciones a la seguridad social y presentar evaluaciones educativas”.

“La estructura de Internet permite un intercambio mutuo de información que tiene el potencial de contribuir al progreso de la humanidad en su conjunto debería protegerse y desplegarse declarando el acceso a Internet un derecho humano”, añadió.

Emma Gibson, responsable de campaña de los Derechos Digitales Universales de Equality Now (Igualdad Ya), una organización internacional que promueve los derechos de las humanas, dijo a IPS que «con gran parte de nuestras vidas en línea, el acceso a internet se ha convertido en un derecho humano de facto».

La especialista remarcó que “hay una dimensión de género en juego porque las mujeres tienen menos probabilidades de conectarse que los hombres, y esto está revirtiendo algunos de los avances que hemos hecho en la igualdad de la mujer”.

“El acceso a internet se está convirtiendo en la nueva brecha de género. Cuando las mujeres no pueden acceder a la educación en línea, buscar un trabajo mejor remunerado, gestionar de forma independiente sus finanzas o crear una empresa con su propio sitio web, es inevitable que la brecha de igualdad entre hombres y mujeres aumente», afirmó Gibson.

Amanda Manyame, consultora en Derecho y Derechos Digitales de Igualdad Ya, dijo a IPS que acceder a internet es importante porque está intrínsecamente ligado a varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y asociación, y el derecho a la información.

Internet, señaló, desempeña un papel central para garantizar la plena participación en la vida social, cultural y política, pero no estar seguro en línea disuade a muchas mujeres y niñas de acceder a Internet cuando está disponible.

“Como parte de garantizar la participación digital, deben tenerse en cuenta los problemas de seguridad en línea, tales como la explotación y el abuso sexual en línea, especialmente en relación con las mujeres y las niñas que se ven afectadas de manera desproporcionada”, afirmó.

Las Naciones Unidas, dijo, “han desempeñado un papel en garantizar el acceso a internet a través de sus agencias y otros mecanismos que participan en actividades relacionadas con Internet, como la política pública internacional, la normalización y los esfuerzos de creación de capacidades”.

Entre ellos figuran la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) y, más recientemente, la Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología, que promueve un Pacto Digital Mundial, en estrecha consulta con los Estados miembros, la industria tecnológica, las empresas privadas, la sociedad civil y otras partes interesadas.

Una de las áreas temáticas del Pacto Digital Mundial es «conectar a todas las personas a Internet, incluidas todas las escuelas», centrándose en garantizar un acceso seguro a internet para todos.

“La legislación y los mecanismos nacionales e internacionales deben abordar los derechos humanos y la rendición de cuentas en el ámbito digital, incluyendo la incorporación del acceso a Internet y a las tecnologías digitales, que es clave para garantizar la igualdad de todas las mujeres y niñas, y otros grupos vulnerables, tanto en los espacios digitales como físicos», planteó Manyame.

Ruediger Kuehr, jefe de la Oficina en Bonn del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional y la Investigación (Unitar) y director del Programa de Ciclos Sostenibles (SCYCLE), dijo a IPS que ese último programa aún no ha investigado a fondo el acceso a internet.

“Pero sabemos por nuestras actividades diarias que el analfabetismo, la disponibilidad de dispositivos finales y puntos de acceso y los sistemas de energía estables son también factores limitantes para el acceso a internet”, destacó.

Añadió que “muchos sostienen que los envíos de dispositivos finales usados ayudarán a cerrar la brecha, también haciendo que las máquinas estén disponibles a un precio asequible para la mayoría de la población”.

Pero, adujo, “resulta que muchas de estas máquinas ya no son utilizables. Y que demasiados de los países receptores carecen de la infraestructura, las políticas/la legislación y los sistemas necesarios para abordar la cuestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”.

Y sin todo eso, argumentó, las consecuencias medioambientales, económicas y sociales también serán enormes “provocando contaminación, pérdida de recursos escasos y valiosos, creación de empleos primitivos que ni siquiera cumplen las mínimas normas de seguridad y sistemas”.

El estudio de la UoB esboza varias áreas donde también en los países del Norte industrial el acceso a internet es esencial para ejercer los derechos humanos socioeconómicos:

– Educación: los estudiantes de hogares sin internet están en desventaja a la hora de obtener una buena educación escolar con ayudas esenciales para el aprendizaje y materiales de estudio en línea.

– Salud: prestar asistencia sanitaria en persona a comunidades remotas puede ser complicado, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. La asistencia sanitaria en línea puede ayudar a colmar esta laguna.

-Vivienda: en muchos países desarrollados, una parte importante del mercado de la vivienda de alquiler se ha trasladado a Internet.

– Seguridad Social: acceder a estos servicios públicos hoy en día suele ser excesivamente difícil sin acceso a internet.

– Trabajo: los puestos de trabajo se anuncian cada vez más en tiempo real a través de Internet y los ciudadanos deben poder acceder a los sitios digitales pertinentes para hacer un uso efectivo de su derecho al trabajo.

La investigación de Reglitz también destaca problemas similares para las personas sin acceso a Internet en los países del Sur en desarrollo; por ejemplo, 20 % de los niños de 6 a 11 años no asisten a la escuela en el África subsahariana.

Muchos niños se enfrentan a largas caminatas hasta sus escuelas, donde el tamaño de las clases suele ser muy grande en instalaciones en ruinas, insalubres y con un número insuficiente de maestros.

Con esa situación como contexto, “las herramientas de educación en línea pueden marcar una diferencia significativa, permitiendo a los niños que viven lejos de las escuelas completar su educación. Si el material didáctico está disponible en formato digital y los alumnos no tienen que compartir libros, se puede enseñar a más alumnos de forma más eficaz», destacó el académico en Ética Global.

Para las personas de los países del Sur, dijo el especialista, el acceso a internet también puede marcar la diferencia entre recibir un nivel adecuado de atención sanitaria o no recibir ninguna.

Además, las herramientas sanitarias digitales pueden ayudar a diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, en Kenia se ha utilizado un kit portátil de examen ocular, basado en un teléfono móvil inteligente para examinar la vista e identificar a las personas que necesitan tratamiento, especialmente en zonas remotas desatendidas por los médicos.

En los países en desarrollo, la gente se enfrenta también a menudo a la falta de bancos físicos, y el acceso a Internet hace posible la inclusión financiera de grandes grupos poblacionales hasta ahora marginalizados.

Las pequeñas empresas también pueden recaudar dinero a través de plataformas de crowdfunding (microfinanciación colectiva) en línea. El Banco Mundial prevé que las sumas recaudadas en África por estas plataformas pasen de 32 millones de dólares en 2015 a 2500 millones en 2025.

Mientras tanto, en un informe publicado en junio de 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que “se han subestimado enormemente” los dramáticos efectos reales de los bloqueos de Internet en la vida de las personas y en los derechos humanos, e insta a los Estados miembros a que “NO impongan cierres de Internet”.

“Con demasiada frecuencia, los principales canales de comunicación o redes de comunicación enteras se ralentizan o bloquean», dice el informe, añadiendo que esto ha privado «a miles o incluso millones de personas de su único medio para ponerse en contacto con sus seres queridos, continuar con su trabajo o participar en debates o decisiones políticas».

El informe arroja luz sobre el fenómeno de los cortes temporales de Internet, analizando cuándo y por qué se imponen y examinando cómo socavan una serie de derechos humanos, en primer lugar el derecho a la libertad de expresión.

“Los cierres pueden significar un bloqueo total de la conectividad a Internet, pero los gobiernos también recurren cada vez más a prohibir el acceso a las principales plataformas de comunicación y a reducir el ancho de banda y limitar los servicios móviles a velocidades de transferencia 2G, lo que dificulta, por ejemplo, compartir y ver vídeos o emisiones de imágenes en directo”, se argumenta en el informe.

También indica que #KeepItOn, un coalición de 243 organizaciones de 105 países que buscan registrar y  poner fin a los apagones de internet en todo el mundo documentó 931 cierres entre 2016 y 2021 en 74 países, con algunos de ellos bloqueando las comunicaciones repetidamente y durante largos períodos de tiempo.

El informe destaca que los cortes en las comunicaciones digitales son indicadores claros de un grave deterioro de la situación de los derechos humanos. A lo largo de la última década, han tendido a imponerse en momentos de mayor tensión política, habiéndose registrado al menos 225 apagones de internet durante manifestaciones públicas por demandas sociales, políticas o económicas.

También se registraron bloqueos en el acceso a internet cuando los gobiernos llevaban a cabo operaciones de seguridad, restringiendo gravemente la vigilancia de los derechos humanos y la presentación de informes al respecto.

Según el informe de la ONU, en el contexto de conflictos armados y durante manifestaciones masivas, el hecho de que la gente no pudiera comunicarse y denunciar rápidamente los abusos parece haber contribuido a aumentar la inseguridad y la violencia, incluidas graves violaciones de derechos humanos.

 

T: MF / ED: EG
Thalif Deen
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