Las partes clave de la cadena de las drogas asociadas con el narcotráfico permanecen siempre sin mencionar: la participación de la infraestructura legal de un país (puertos, aeropuertos, vías fronterizas), el lavado de activos, el comprometimiento de organismos de seguridad en el contrabando de drogas, y la financiación de campañas políticas con esos recursos, que trasciende sobre arreglos de lavado y corrupción. Todo eso contribuye a romper los referentes donde termina la ilegalidad y emerge la legalidad.

Colombia sigue presentando un aumento de su área sembrada de hoja de coca, alcanzando en 2022 la cifra récord de 230.000 hectáreas y un potencial productivo de cocaína de 1.738 toneladas, que muestra un incremento del 24% frente a 20211. La situación supone la generación de una demanda agregada importante de insumos como fertilizantes, pesticidas, variedad de semillas, instrumentos para su transformación en pasta básica de cocaína (PBC) entre otros, todo lo cual supone una irrigación de dineros en las regiones con monoproducción de hoja de coca. Así mismo, este incremento estimula el sector servicios que requiere para su funcionamiento, pero también las expectativas de grupos armados que observan en todo el proceso una oportunidad de incrementar sus ingresos mediante la prestación de servicios de protección, sobre todo al capital que se hace a la PBC o a la sustancia lista para ofrecer en los mercados internacionales, especialmente.

En el informe de 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre los cultivos de hoja de coca se observa una readecuación de la producción, atendiendo la dinamización de las rutas internacionales como Ecuador y que está conduciendo a un incremento de la producción de PBC y de cocaína en los departamentos de Putumayo y Nariño. Eso mismo sucede con la alta concentración de la producción a lo largo del río Suncilla y parte del río Orteguaza en el Caquetá, mirando hacia la ruta con Brasil. Por su parte la producción del Catatumbo se sigue orientando prioritariamente hacia Venezuela, mientras el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Córdoba lo hacen hacia el Caribe colombiano. La novedad del informe es la formación de un nuevo núcleo productor importante en las goteras de Cali, conformado por la tríada Timba-Jamundí-Buenos Aires con 1.436 hectáreas de coca y que tiene una funcionalidad con el gran corredor instaurado en el Pacífico con epicentros en Tumaco y Buenaventura, entre otros.

De otro lado, el 50% de la producción se dinamiza en zonas de manejo especial con impactos muy graves, tanto medioambientales como en vidas y en violaciones a los derechos humanos: el 5% del área cocalera está en parques naturales, el 10% en territorios indígenas, el 19% en territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y el 15% en zonas de reserva forestal.

La dinamización de estas zonas productivas sigue siendo en primer lugar la demanda internacional diversificada con los nuevos mercados continentales y que se proyectan como los principales sostenedores del auge renovado de consumo de cocaína: Oceanía, China, Europa Occidental y Oriental, África y Sudamérica. La demanda en Estados Unidos se mantiene sin sobresaltos con unos consumidores específicos, social y culturalmente diferenciados de los demandantes de opiáceos sintéticos, y por lo tanto sin que este mercado sustituya o afecte el tradicional uso de la cocaína.

Un informe que necesita adecuarse a la nueva política gubernamental

El anuncio del gobierno Petro sobre la Nueva Política Nacional de Drogas 2023-2033, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, y que busca dar un giro conceptual en el tratamiento de las partes más vulnerables de la cadena de drogas –es decir consumidores y productores– demandará unos informes de seguimiento muy distintos a los que históricamente ha venido desarrollando la UNODC y su sistema de información SIMCI. A pesar de una utilidad relativa de las informaciones suministradas anualmente por la UNODC, el enfoque de reducción de la oferta es el soporte principal con que nace el programa de monitoreo de cultivos de uso ilícito en Colombia.

Uno de los objetivos centrales que se han propuesto los informes del SIMCI es determinar la eficiencia de la transformación de la hoja de coca hasta el clorhidrato de cocaína, además de encontrar los tipos y cantidades de sustancias químicas utilizadas en dicho proceso. Esta línea dedicada a la investigación de los procesos químicos permitiría –para el SIMCI– que las autoridades favorables a su enfoque de drogas cuenten con información actualizada de los procesos e insumos que se utilizan en la transformación de la hoja de coca, de tal forma que se ejerza un control vigente y eficaz. En ese sentido, el SIMCI opera como un anticipador de la situación cuyo tratamiento está muy relacionado con la tradicional política gubernamental que ha dominado en el país.

Como una paradoja, los cultivos de uso ilícito no son tratados como un síntoma de los desequilibrios en el acceso a la tierra, y en general de los problemas inherentes al modelo agrario dominante, que se expresa en la marginalidad recurrente de las zonas rurales en donde se asientan los cultivos de uso ilícito. Estos siguen siendo tratados como un factor externo amenazante, un mal que requiere su descubrimiento detallado y anticipado. Esto se plasma en las narrativas sobre la amenaza que representan estos cultivos en los territorios, situación que se busca medir a través de un dispositivo técnicamente denominado “análisis de riesgo”. En consecuencia, la UNODC elabora una narrativa para argumentar los desafíos que representan los cultivos considerados como ilícitos, y cómo tratarlos.

Pasta básica de cocaína (PBC). Fuente: Raúl Arboleda /AFP

El análisis de riesgo es una herramienta geográfica que ha permitido apoyar la planificación y gestión de los programas o proyectos institucionales encaminados a consolidar zonas libres de cultivos declarados como ilícitos. El análisis nace de la necesidad de tener información que indique la probabilidad futura de una zona con presencia de cultivos de coca.

Para la UNODC, esto permite enfocar el esfuerzo realizado para mitigar el cultivo ilícito y adelantar proyectos de desarrollo alternativo en las zonas que evidencian la necesidad de otras alternativas económicas para los cultivadores, preservando siempre la estrategia de reducción de la oferta.

La inscripción de la presencia de la coca en un discurso biológico binario de enfermedad/salud busca naturalizar las decisiones en nombre de la salud del todo social.

El supuesto del riesgo incorpora un lenguaje de morbilidad para los territorios (una enfermedad externa que les ataca), lo que implica –en los lugares donde ya están instalados los cultivos de uso ilícito– usar y legitimar el concepto de afectación. En la narrativa de la medicina, afectación es el “hecho de verse afectado un órgano corporal por un accidente o una enfermedad” (por ejemplo, “analizan el grado de afectación del tejido hepático”)2. En consecuencia, a partir del 2015 –y por lo menos hasta 2021–el informe se denomina “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos”. El conocimiento de la afectación, su cuantificación y la política pública para su eliminación constituye un dispositivo.

En general, para la UNODC los problemas subyacentes de los territorios colombianos en donde se reitera la producción cocalera se abordan en función de la política antidrogas teniendo como eje la erradicación –voluntaria, manual, forzosa o mediante aspersiones aéreas– cuando las condiciones políticas lo permiten. Los problemas de base lo son en cuanto deben tratarse en función de la “sostenibilidad” de la acción previa de erradicación. Es una inversión total de las prioridades y valoración de lo importante desde el imperio naturalizado del objetivo estratégico de “cero cultivos ilícitos”, acontecimiento que se celebra exaltando la condición redentora que en el lenguaje cristiano es estar “libre de pecado” esto es, territorio libre de cultivos ilícitos.

Históricamente los gobiernos respectivos se han apropiado de los resultados presentados cuando estos convienen, siempre mediando en las mentes la “reducción de áreas” como el indicador de éxito. La naturalización del dispositivo y su traducción en los resultados que se divulgan con sus tecnologías, narrativas e imaginarios, se envuelve en una coraza de neutralidad científica, o al menos de datos técnicamente logrados. Las partes clave de la cadena de drogas asociadas con el narcotráfico siempre permanecen sin mencionar: la participación de la infraestructura legal de un país (puertos, aeropuertos, vías fronterizas), el lavado de activos, el comprometimiento de organismos de seguridad en el contrabando de drogas y la financiación de campañas políticas con esos recursos, que trasciende sobre arreglos de lavado y corrupción. Todo eso contribuye a romper los referentes donde termina la ilegalidad y emerge la legalidad. Esa ausencia estimula las zonas grises en donde se desarrollan negocios, intercambios y vigencias de sectores emergentes que hoy alcanzan un gran poder político y una legitimidad social. La combinación legalidad/ilegalidad de la cual la estructura metodológica y técnica de la UNODC SIMCI es incapaz de aprehender, es el principal instrumento de vigencia de la gran economía ilegal de las drogas.

En consecuencia, los informes de monitoreo se pertrechan en un lugar aséptico relacionado con una sofisticación técnica de abordaje que gira alrededor del cultivo de hoja de coca, su transformación en PBC, el procesamiento de cocaína, el uso de químicos para procesar, la infraestructura de laboratorios y las acciones de interdicción con datos suministrados por los organismos de seguridad estatal. Es una mirada parcial que se asume como el todo con una gran fuerza narrativa pues se termina legitimando la idea de que el problema principal del narcotráfico son, en efecto, los cultivos de uso ilícito.

En consecuencia, un desafío importante para el gobierno Petro es reestructurar la perspectiva tradicional que impregna estructuralmente a la UNODC y sus informes, situando como prioritarios indicadores que den real cuenta del nuevo enfoque que busca superar la marginalidad, la pobreza, la exclusión y la criminalización de los productores. Esto supone un giro radical en la narrativa, estructura y trasfondo político de los informes de la UNODC, que nacieron y se desarrollaron bajo el embrujo de la estrategia de reducción de la oferta.

1 UNODC (2022). Monitoreo de los territorios con presencia de los cultivos de coca.

2 https://periodistas-es.com/afeccion-no-lo-afectacion-90381periodico.unal.edu.co