GINEBRA – Perú violaría el derecho internacional si aprueba una ley que dejará de juzgar a quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002, advirtieron expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas en una declaración divulgada este viernes 14. “La aprobación del proyecto de ley 6951-2023-CR, pendiente de aprobación ante el Congreso peruano, impediría el procesamiento, condena y sanción penal de personas que cometieron tales delitos antes de julio de 2002, impidiendo el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad y reparación de los víctimas”, dijeron los expertos.

En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado peruano que “suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley número 6951-2023-CR”, para “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, que juzga ese tribunal hemisférico.

En Perú, la Junta de Fiscales Supremos en el Ministerio Público señaló que si se aprueba la ley unos 600 casos deberán ser archivados y concluidos.

“Dejar en impunidad los hechos tan graves que afectan el núcleo duro de los derechos humanos da un mensaje errado, lamentable, contrario a la normatividad vigente, nacional e internacional”, asentaron los fiscales en una declaración.

En el caso Barrios Altos, por ejemplo, el 3 de noviembre de 1991 un comando del grupo Colina del ejército irrumpió en un edificio de Lima donde se celebraba una fiesta, forzaron a los asistentes a arrojarse al suelo y masacraron al menos a 15.

En La Cantuta, sector de la capital peruana, el grupo Colina secuestró y asesinó a un profesor y nueve estudiantes universitarios el 18 de julio de 1992. En 2007, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), tras ser extraditado de Chile, fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre.

Fujimori, de 85 años, excarcelado el pasado diciembre bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarios –se opuso la Corte Interamericana-, y cuyos seguidores cuentan con una importante bancada parlamentaria, se vería beneficiado por la ley a punto de aprobarse definitivamente.

También mencionan los fiscales el caso de los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, donde a raíz de motines en junio de 1986 fueron ejecutados extrajudicialmente más de 250 internos que estaban acusados de terrorismo.

Esos y otros crímenes aún bajo procesos en la justicia peruana e internacional se produjeron en el contexto de la lucha entre las fuerzas del Estado peruano y las de movimientos guerrilleros de extrema izquierda.

Pero la “Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra (6951-2023-CR)” establecería que pueden juzgarse delitos de ese tipo solo a partir de la entrada en vigencia en el país del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, es decir, julio de 2001.

El parlamento peruano adoptó el texto en primera lectura el 6 de junio, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, y su adopción definitiva podría darse con una segunda votación en cuestión de días.

Los expertos que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en esta ciudad suiza, afirmaron que “la adopción del proyecto de ley pondría al Perú en flagrante contravención de sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.

“Los plazos de prescripción no pueden no aplicarse a violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos y a violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes”, indicaron.

Recordaron que “la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens (que no admite ni exclusión ni alteración de su contenido, por lo que anula cualquier acto contrario) y del derecho internacional consuetudinario, a la que no se permite ninguna derogación y a la que el Perú debe adherirse”.

En resumen, el proyecto de ley “choca con los valores básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el Estado de derecho”, indicó la declaración.

Los expertos de la ONU que la firman son Bernard Duhaime, relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Con ellos, las integrantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias: Aua Baldé (presidenta), Gabriella Citroni, Grazyna Baranowska, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Angkhana Neelapaijit.

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) sostiene que el proyecto de ley “se enmarca en un patrón de acciones del Congreso que fomentan la impunidad y desmantelan el Estado de derecho” en el país sudamericano.

“El Congreso del Perú, donde la mitad de los congresistas estarían bajo investigación penal, ha sacado adelante una serie de decisiones que socavan la independencia judicial, debilitan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y desmantelan los procesos democráticos y las salvaguardas de derechos humanos”, criticó HRW.

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