RÍO DE JANEIRO – La despenalización del consumo de marihuana desató un conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial en Brasil, reflejando la batalla de civilización que domina la política desde que la extrema derecha ganó fuerza para imponer sus pautas, o al menos intentarlo.

El Supremo Tribunal Federal (STF), la corte constitucional y última instancia judicial en el país, dictó el miércoles 26 de junio que tener hasta 40 gramos de marihuana no caracteriza una infracción legal, por lo tanto está exento de penas como prisión o prestación de servicios a la comunidad.

Tampoco el cultivo hogareño de hasta seis plantas de cannabis sativa, el arbusto que produce el principio activo de la marihuana.

En la víspera, por mayoría de siete de sus 11 jueces, el STF había fallado por no considerar crimen el porte de la droga para consumo, antes de fijar la cantidad máxima para definir el uso personal, distinto del tráfico, y concluir un juicio iniciado en 2015 e interrumpido varias veces.

En oposición al fallo y a lo que considera injerencia del STF en una prerrogativa legislativa, el Senado aprobó un proyecto de enmienda constitucional que penaliza todo como crimen, incluso consumidores con cualquier cantidad de marihuana u otras drogas ilícitas.

“La prohibición de las drogas es el combustible de la guerra del Estado contra personas negras, pobres y pobladores de barrios pobres”: Manifiesto de la Marcha de la Marihuana el 16 de junio en São Paulo.

“La despenalización solo puede ocurrir por un proceso legislativo”, sostuvo el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, autor de la propuesta que depende de la aprobación por la Cámara de Diputados, donde debe tramitarse el próximo semestre.

El intento es de identificar como delito penal cualquier uso de drogas en la Constitución para impedir interpretaciones de la corte constitucional sobre las legislaciones del tema.

El STF descriminalizó el consumo tras declarar inconstitucional el artículo 28 de la Ley de Drogas aprobada por el Congreso en 2006, por no establecer criterios objetivos para distinguir al consumidor del traficante. El fallo de ahora mantendrá su vigencia hasta que los legisladores corrijan esa omisión.

Pero también se argumentó que no se puede punir criminalmente una actividad personal, practicada en la intimidad, sin riesgo para la sociedad, aunque pueda provocar autolesiones.

Batalla civilizatoria

La batalla entre STF y el Congreso se multiplicaron en los últimos años, así como las peleas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial durante el gobierno de extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), con amenazas del mandatario a la corte suprema y a algunos de sus jueces.

La extrema derecha y, por su influencia, el Congreso buscan imponer retrocesos en el nivel de civilización alcanzado en las últimas décadas. Son “valores” en juego, según sus líderes, pero las batallas involucran más que el aborto, la educación sexual y derechos de minorías sexuales.

Medio ambiente, la ciencia, control de armas, vacunas, derechos humanos, equidad de género y derechos de las mujeres, programas sociales y el combate a las desigualdades económicas también son blancos de los ataques.

Durante la pandemia de covid-19, el STF tuvo que bloquear varias intenciones de Bolsonaro, como estimular el uso de medicamentos inadecuados, imponer restricciones a los gobiernos de los 26 estados brasileños y dificultar la adquisición de vacunas.

El presidente del STF, Luiz Roberto Barroso, en un intento de limitar las reacciones, trató de aclarar que la despenalización aprobada no significa la legalización del consumo de marihuana, que sigue como una “infracción administrativa” que puede obligar al consumidor a medidas educativas, como un curso sobre daños de la droga.

Además, que la autoridad policial o judicial puede identificar como traficante el portador de menos de 40 gramos, pero con indicios y equipos que denuncian el comercio de drogas, como balanzas de precisión, antecedentes o anotaciones de venta, por ejemplo.

La Macha de la Marihuana en la ciudad de São Paulo, el 16 de junio, congregó a miles de personas para protestar por «la guerra contra personas negras y pobres» que promueve la policía en la represión del consumo de esta y otras drogas, con miles de muertos y encarcelados de forma injusta. Imagen: Paula Pinto / Agência Brasil

Avance con limitaciones

El movimiento por la legalización de las drogas celebró el fallo como “un avance”, pero limitado y con brechas que pueden mantener las injusticias como la penalización de negros y pobres como traficantes, aun cuando portadores de la misma cantidad de marihuana que los blancos.

“Podría ser mejor si contemplase todas las drogas, como sostuvo el juez Gilmar Mendes como relator del caso en 2015”, destacó a IPS la socióloga Monique Prado, activista de la Marcha de la Marihuana en Río de Janeiro y asesora parlamentar en políticas sobre drogas.

Mendes, el decano del STF, también abogó el tratamiento del tema “en el ámbito de la salud pública y no de la seguridad pública”, pero posteriormente cambió su posición para limitar la descriminalización a la marihuana.

“Hay que mantener la lucha por la transición, la adaptación de la Justicia al fallo del STF. El Estado gasta 3000 reales (550 dólares) por cada encarcelado. Además de ese ahorro, la Justicia puede ganar celeridad con menos detenidos. Todo eso se puede convertir en más educación”, opinó Prado, que se define como antiprohibicionista.

Argumentó que falta informar mejor la población e impulsar políticas como las ya adoptadas en otros países, incluso la legalización plena de la marihuana y medidas reparación histórica de sectores más afectados por la antigua represión al consumo de drogas.

Portugal, la antigua metrópoli,  y Uruguay, su vecino al sur, son algunos ejemplos. Pero  Prado destacó que en Estados Unidos ya son 23 de sus 50 estados los que regularon el consumo de marihuana.

Un caso “interesante” es el estado de Illinois que además adopto políticas de compensación a los más afectados, como un fondo para las comunidades negras y para las mujeres, con inversiones y un ordenamiento del mercado de marihuana para generar trabajo e ingresos para esos sectores antes victimizados.

“La prohibición de las drogas es el combustible de la guerra del Estado contra personas negras, pobres y pobladores de barrios pobres” denunció la Marcha de la Marihuana en su manifestación el 16 de junio en São Paulo.

El fallo del STF es “histórico”, merece celebraciones y en la actualidad de fuerte ola conservadora social y política en el mundo, debe celebrarse también una Justicia que “camina a favor de la sociedad”, según Fabricio Brazão, médico de familia, dedicado a la salud pública en Belém, capital del estado de Pará, en el norte amazónico de Brasil.

Reparación a los negros

“La reparación histórica a la población negra, de las periferias y favelas, que más sufrieron la ola de criminalización, es la acción principal a ejecutar”, para darle consecuencia a esa decisión, acotó a IPS, por teléfono desde Belém.

Este médico, que también trabaja con los usos medicinales de cannabis, estima en más de 40 000 los presos actuales que pueden beneficiarse del fallo del STF.

Además el Consejo Nacional de Justicia informó que averiguará los detenidos que podrán ser absueltos ahora, ya que el STF decidió que su fallo es retroactivo. Por ello, hay 6343 acusados aún sin juicio que ya no deberán sufrir incriminación.

El futuro depende del Congreso Nacional en sus intentos de retroceder las leyes antidrogas, en la marcha contraria a la de casi todo el mundo.

En el caso del aborto de embarazos de más de 22 semanas, intentó anular una legislación que data nada menos que de 1940, que lo legalizó en casos de violación y riesgos de muerte materna.

Pero sí logró aprobar el fin del beneficio de la salida temporal de encarcelados de buena conducta para visitas a la familia, anulando esa medida aprobada en 2011 con el objetivo de resocializar los detenidos.

Otros retrocesos se están acumulando en el área ambiental, ignorando la crisis climática que vive el mundo y los consecuentes eventos extremos, incluso las inundaciones sufridas por más de 470 ciudades en el sureño estado de Rio Grande do Sul en mayo, con más de 170 muertos y 630 000 desalojados.

La extrema derecha que provocó daños sociales, ambientales y económicos durante su gobierno presidido por Bolsonaro, sigue imponiendo retrocesos con su poder electoral, comprobado por las encuestas. Gobernantes nacionales y regionales, al igual que los legisladores, ceden a sus presiones para evitar pérdidas de electores en futuras elecciones.

 

Por Mario Osava

ED: EG

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