La principal problemática mundial es la clasificación errónea de los trabajadores como contratistas independientes, que en su mayoría son jóvenes que nunca han conocido un empleo con derechos, obligaciones y responsabilidades laborales.

Esta figura jurídica es utilizada por las aplicaciones para eludir responsabilidades patronales, lo que deriva en una grave carencia de protección social, salarios por debajo del mínimo, jornadas largas y, por ende, la falta de negociación colectiva.

Las perspectivas reales de cambio, para garantizar un trabajo decente en este ámbito, se deben centrar en el debate general y la adopción de normativas vinculantes que obliguen a las compañías a un reconocimiento laboral, a otorgar el estatus legal que corresponda a la realidad de la subordinación, garantizando salarios dignos y prestaciones.

Desde la Inteligencia Artificial, debería existir una regulación, para exigir transparencia, supervisión humana y protección contra sanciones injustificadas en la gestión automatizada.

De forma simultánea, la economía digital y el trabajo en plataformas digitales están transformando rápidamente el mercado laboral, generando nuevas oportunidades, pero también complejidades en materia de regulación y protección social.

Desde la perspectiva sindical, se debe analizar la situación del empleo en plataformas digitales, ya que éstas contribuyen a la expansión y se consideran una alternativa para el mercado laboral tradicional, pues favorecen la ocupación y generación de ingresos para personas desempleadas, así como para mujeres y jóvenes que no encuentran una oportunidad digna de trabajo.

Para lograr un empleo decente en la economía de plataformas se requiere una estrategia multidimensional e integral, que involucre reformas legales, supervisión tecnológica y organización colectiva, el objetivo central es cerrar la brecha de desprotección laboral sin destruir la flexibilidad inherente al modelo digital.

Para la regulación del trabajo en plataformas es fundamental humanizar la tecnología y evitar que las decisiones automatizadas vulneren los derechos de las personas, garantizando que los trabajadores conozcan los parámetros exactos que determinan la asignación de tareas, evaluaciones y tarifas.

Se requiere, a su vez, una supervisión humana obligatoria, prohibir despidos o suspensiones por medio de cuentas automatizadas, exigiendo que toda sanción grave sea revisada por una persona; así como auditorías externas periódicas, someter los códigos y algoritmos de las aplicaciones a revisiones independientes, para erradicar sesgos discriminatorios de género, raza o edad.

Garantizar una portabilidad de derechos y protección social universal: la intermitencia del trabajo en plataformas no debe ser una barrera para acceder a una red de seguridad social sólida y crear sistemas digitales donde múltiples plataformas aporten proporcionalmente a la seguridad social del trabajador según las horas conectadas.